“Que morro” la Cifuentes


El director del máster de Cifuentes reconoce que el acta es falsa: era una “reconstrucción” pedida por el rector de la URJC

“El rector me pidió que reconstruyera” el documento, admite Enrique Álvarez Conde

Otra caída


Me cuentan en el sepelio de hoy  que se ha caído otro ( días atrás) en la Cuesta del Rollo. Se hizo un esguince y presentó un escrito en toda regla en el Ayuntamiento.

Hasta cuando Sr Alcalde, – y ya van tres- adecentar las aceras de la Cuesta? . Cuando uno de los mayores que más la usamos por razones médicas tenga consecuencias irreparable?

Cifuentes / miente

El exilio forzado del ‘Llarena solitario’ y su familia acosada


El Mundo

El exilio forzado del ‘Llarena solitario’ y su familia acosada

CRÓNICA

LEYRE IGLESIAS

 

2 abr. 2018 |09:52

Una joven quema una foto del juez Llarena, este lunes, frente a la Delegación del Gobierno
en Valencia. /M. BRUQUE

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•Es el juez del ‘procés’ y por eso los independentistas lo persiguen. A él y a su mujer,
también magistrada. Hasta a sus hijos

•Desde que mandó arrestar a Puigdemont, vive escoltado y se ha visto obligado a trasladar
su residencia de Barcelona a Madrid

•Hijo de jueces, y número uno de su promoción, él se evade a lomos de una Harley
Davidson

••El juez Llarena recalca en la orden de detención que Puigdemont ignoró los avisos de
escalada de violencia

«Cataluña es su tierra. Llevan allí desde principios de los 90, casi treinta años. Sus hijos han
nacido allí. Lo están pasando mal». Las escuetas palabras de este juez, que pide no ser
identificado, resumen bien la última semana de la familia del magistrado que lleva las
riendas de la instrucción contra los dirigentes del procés secesionista. Las amenazas
públicas y no tan públicas a Pablo Llarena y a su mujer, la también jueza Gema Espinosa, y
el acoso incluso al menor de sus dos hijos, estudiante en una universidad catalana, han
forzado a la familia a trasladar su residencia habitual a Madrid, según confirman a Crónica
dos fuentes de su entorno. Y a vivir con escolta.

Como casi todo en la Cataluña reciente, su pesadilla tiene como fecha clave el 1 de octubre
de 2017, día del referéndum de independencia ilegal convocado por el Govern de Carles
Puigdemont y Oriol Junqueras. Al principio, Llarena no disgustó al nacionalismo. Había
gozado de buena fama como presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, y pareció
marcar la diferencia cuando el 9 de noviembre recibió a los miembros de la Mesa del
Parlament investigados por rebelión, sedición y malversación con la frase: «Tranquilos, esto
no es la Audiencia Nacional».

El discurrir de los acontecimientos, sin embargo, ha frustrado aquella sensación. Con el
auto que el viernes 23 de marzo marcó el fin de la instrucción de la causa, Llarena envió a
la cárcel de forma preventiva a los líderes de la «rebelión» que aún seguían en libertad y
reactivó la orden internacional contra Puigdemont. A raíz de su arresto dos días después en
una gasolinera alemana, los episodios de violencia han aumentado en Cataluña, y el propio
juez se ha convertido en diana. No sólo él; también su familia. La cascada de amenazas
desde entonces es preocupante.

Ese domingo, un mensaje de una usuaria de Twitter llamada Cori (vecina de Reus y
«sediciosa y tumultuaria», según su propia definición) señaló a la esposa del juez dando
detalles de su trabajo y su domicilio: «La mujer del hijo de puta de Llarena es Gema
Espinosa, directora de la Escuela Judicial en Vallvidrera. Vive en Sant Cugat (adonde viene el
hdp los fines de semana). Es necesario difundirlo porque han de saber que no podrán ir por
la calle a partir de ahora!!!!», decía en catalán. La Fiscalía catalana lo investiga.

El mismo día, otra persona que se identifica en Facebook como María Isabel, residente en
Sabadell, publicó el mismo mensaje acompañado de la dirección del domicilio y una
fotografía de la fachada.

Arran, grupo juvenil radical vinculado a las CUP, fue más allá al reivindicar una serie de
pintadas de gran dimensión en una calle de Das (Gerona) en la que, según pensaban, se
ubica la segunda residencia del juez. Los lemas: «¡Llarena fascista! Ni en Das ni en ningún
sitio», «Los Països Catalans serán vuestro infierno» y «Libertad presos políticos». (Arran se
equivocó: no era esa casa, sino otra cercana. El verdadero dueño se ha apresurado a colocar
bien visible una estelada para aclarar que él es independentista).

Y ya el lunes, en una protesta frente a la Delegación del Gobierno en Valencia a favor de los
denominados «presos políticos», un grupo de personas quemó fotos de Llarena junto a
otras del Rey y de Rajoy.

Madre pionera en Burgos

Pablo Llarena Conde nació el 26 de enero de 1963 en Burgos y, como sus padres, estudió
Derecho y ejerció de abogado antes que de juez. Su padre tenía un conocido bufete en la
ciudad donde, por ejemplo, hizo sus primeras prácticas el actual presidente del Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra. Su madre fue la primera mujer en
entrar, en 1956, en el Colegio de Abogados de Burgos. Ambos terminaron en el Tribunal
Superior de Justicia de Burgos -ella, en la Sala de lo Social y él, en lo Civil y Penal-. Entonces
no podían saberlo, pero a su hijo Pablo le esperaba una carrera fulgurante.

Tras estudiar en los jesuitas de Burgos, Pablo Llarena se licenció en 1986 en la Universidad
de Valladolid, trabajó tres años como letrado y en 1989 se incorporó a la carrera judicial.
Fue número uno de su promoción. Un año después ascendió a magistrado, primero en un
juzgado de primera instancia en Torrelavega (Cantabria) y luego en Burgos.

Mientras tanto, su actual mujer y compañera de exilio forzoso, Gema Espinosa, hija de
profesores y también burgalesa, iniciaba su propia carrera. Licenciada en Derecho en
Valladolid en la misma promoción que Llarena, en 1990 tomó posesión como fiscal en la
Fiscalía Superior del País Vasco, en Bilbao, aunque enseguida solicitó la excedencia y se
convirtió en juez. Primero en Reinosa (Cantabria), luego en Lerma (Burgos) y después, de
nuevo, en el duro País Vasco, tierra de jueces amenazados -entonces era de allí de donde se
marchaban- que nadie quería como destino a causa del terrorismo. Entre enero y diciembre
de 1992 -año en el que ETA mató a 26 personas-, Espinosa estuvo al mando del juzgado de
instrucción número 3 de Barakaldo.

La pareja coincidió finalmente en Barcelona en 1993, un año después de los Juegos
Olímpicos. Cataluña era otro destino poco querido en aquellos años, según explican un juez
y una fiscal consultados por este suplemento. La cantidad de trabajo de sus juzgados
disuadía a muchos aspirantes y, al mismo tiempo, dejaba el camino libre para quienes
quisieran progresar a base de esfuerzo. Ellos lo hicieron. Y aquel se convirtió en su mundo,
donde enseguida tuvieron y criaron a sus dos hijos (el mayor, hoy ingeniero aeronáutico, y
el menor, estudiante).

Ambos han forjado así en Cataluña el grueso de sus carreras. Pablo Llarena, que en enero
cumplió 55 años, saltó del juzgado número 31 de Barcelona (1992-1998) a la Audiencia
Provincial (que presidió desde 2011), hasta que en 2016 entró en la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, por lo que en estos dos últimos años ha vivido a caballo entre Madrid y
Sant Cugat del Vallès.

Por su parte, Gema Espinosa aterrizó en un juzgado de Santa Coloma de Gramanet y cuatro
años después pasó al número 15 de Barcelona. En 2008 ascendió a magistrada de la
Audiencia Provincial en el orden civil, cargo que compatibilizó con la docencia en la
Universidad de Barcelona, la Pompeu Fabra y el Centro de Estudios Jurídicos de la
Generalitat. En 2006 recaló también en la Escuela Judicial, donde se forman los futuros
jueces de España, y siete años después se convirtió en su directora, por lo que ya no ejerce
como juez de familia.

Él, con fama de muy inteligente, riguroso y frío, cordial en la distancia corta, y aficionado a
las motos -tiene desde hace años una Harley Davidson, hobby que comparte con un grupo
de amigos catalanes-, está acostumbrado a estar en el ojo público. Fue además presidente
de la Asociación Profesional de la Magistratura, agrupación de jueces del espectro
conservador (en 2013 venció al magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco con 104
votos frente a 69). Aun así, no le gusta aparecer en la prensa más que por sus decisiones
judiciales.

Tampoco es plato de gusto para Espinosa, que apenas ha concedido entrevistas. «Es una
juez de perfil muy neutro y políticamente no significada», afirma Pascual Ortuño,
magistrado de la Audiencia de Barcelona, quien trabajó codo con codo con ella cuando él
era director de la Escuela Judicial y Espinosa, subdirectora. Este miércoles, la magistrada
declinó amablemente una conversación con Crónica. Según ha sabido este suplemento, la
consigna del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es discreción absoluta. Sus amigos
más íntimos la obedecen.

«Es una mujer con mucho temperamento, muy competente, prudente. Una buena juez. De
esas mujeres ante las que te quitas el sombrero porque ha llevado adelante su casa, a sus
hijos y su trabajo», cuenta un magistrado de la asociación rival, la progresista Juezas y
Jueces para la Democracia. Para Llarena también tiene elogios: «No es ningún novato: se ha
curtido en Barcelona y lo está demostrando. Te pueden gustar más o menos sus decisiones,
pero así se hace una instrucción: con celeridad y tomando medidas cautelares pronto para
dejarle en suerte el juicio cuanto antes al tribunal. Si algo tiene Pablo es que sabe lo que
hace».

La situación de los jueces y fiscales en Cataluña ha generado una honda preocupación y
tiene al magistrado del procés como máximo exponente. La Fiscalía ha reclamado
protección para él, al igual que el CGPJ, que ha denunciado que las pintadas son «una
manifiesta coacción sobre Llarena y su familia» que atenta contra su labor y que, además,
no es una anécdota. Según el Consejo, «actuaciones similares» están dándose en varios
juzgados y tribunales de Cataluña, y por ello ha pedido proteger al resto de jueces que
ejercen en la comunidad.

También han salido a defenderle el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, de quien
depende la seguridad de los cargos públicos, y la Unión Internacional de Magistrados,
formada por 89 asociaciones de todo el mundo, que ha expresado «su solidaridad a los
jueces españoles», especialmente a los que «trabajan en Cataluña».

Los partidos independentistas, en cambio, llevan tiempo avivando las llamas. Puigdemont
afirmó antes de su arresto que Llarena quiere hacer política cuando no lo ha votado nadie.
Roger Torrent ha llegado a proclamar sin sonrojo que «ningún juez puede perseguir» a un
(ex) presidente. Y la pesadilla continúa. Tras conocerse que la familia ha tenido que dejar
Cataluña, en las redes sociales se leen mensajes como «El último fascista que apague la luz»
o «Que no vuelva más». Mientras, en change.org se recogen firmas para que el
Ayuntamiento de Das le declare persona non grata y un grupo de abogados
independentistas anuncia una «querella colectiva» contra él.

Este ocho de marzo se cumplieron dos años desde que Pablo Llarena, el juez solitario, tomó
posesión de su cargo y juró «guardar y hacer guardar fielmente y en todo tiempo la
Constitución». Ahora paga un alto precio.

Acuse de recibo a Marta Rovira


Acuse de recibo a Marta Rovira
Ensimismados en su particular universo, los secesionistas olvidaron que existía un poderoso “Estado español”

Estoy con usted, Marta. Si yo hubiera cometido un delito que pudiera llevarme a la cárcel 20 años (y no las 40 fechorías castigadas con seis meses que verosímilmente he perpetrado), habría obrado igual que usted, me sintiera o no culpable: saliendo por pies o, en la jerga al uso, sustrayéndome a la acción de la justicia.

 

En la carta en que explica por qué ha decidido huir a Suiza, alega que es la única forma que tiene de recuperar su “voz política”. No se me antoja una razón válida. Nadie le impide dejarla oír tan ruidosamente como lo hace una infinidad de correligionarios suyos. Cosa distinta es, claro, saltar del dicho al hecho; y consta, porque lo han visto nuestros ojos, al margen de calificaciones jurídicas, que usted, señora Rovira, lleva años impulsando rabiosamente una secesión de Cataluña por la vía de los hechos consumados. Vale decir: robándonos a todos los españoles, entre otros bienes, el derecho a decidir si queremos cambiar o no una Constitución y unas leyes nacidas de un democrático acuerdo entre todos.

Por el contrario, nada objeto a otra de las razones que alega para huir de España: “Tengo una hija, Agnès… El exilio me permitirá hacer de madre…”. Irreprochable: ninguna meta en la esfera pública puede sobreponerse a la querencia por un hijo.

Entre la independencia formal que persiguen y la independencia efectiva que gozan, las distancias son minúsculas

Tanto menos cuando la meta es quimérica y cuando el procés unilateral hacia ella tenía unas consecuencias perfectamente predecibles. Ahí está la cuestión de veras intrigante. Pongamos aparte aldeanos, menestrales y gentes de menor cuantía, para preguntarnos cómo es posible que personas educadas, con formación universitaria, y entre ellas una infinidad de picapleitos, no hayan previsto que quebrantamientos de la ley tan manifiestos como la proclamación de independencia de una región española debían provocar la respuesta automática de la ley. Los separatistas no paran de hablar de intolerable represión brutal: más exacto parecería ineludible reacción legal. Porque el Código Penal carece del mínimo sentido del humor y se ha tomado en serio una broma pesada que no merecería más de un mes de arresto menor.

Pero, ¿de dónde viene la ceguera de los conspiradores? Intuyo una explicación: que han vivido solo en una Cataluña independiente, en la que España no pasa de una referencia remota, sin incidencia auténtica en la realidad.

Nada nuevo. Para ahorrarme detalles bien conocidos, baste aducir como notario de la situación a Juan-José López Burniol: “Desde el siglo XVI Cataluña ya se mueve como una nación moderna, autónomamente del resto de la Península, sin proponérselo y de forma espontánea”. Con el Estatuto en vigor, la burbuja se hincha aparatosamente: a las amplísimas competencias de la Generalidad (educación, sanidad, vivienda, orden público, etcétera) se unen las esperanzas que abre su capacidad legislativa. La cotidianidad de un ingente grupo de catalanohablantes transcurre exclusivamente dentro de las coordenadas del Principado, y si España aparece a lo lejos es apenas como una sombra hostil a tales esperanzas, pero mayormente sin fuerza, paralizada, inactiva.

Quienes viven en el mundo cerrado de esas percepciones tienen buena parte de razón. No es que crean que Cataluña es independiente: es que de hecho su Cataluña es independiente. Entre la independencia formal que persiguen y la independencia efectiva que gozan, las distancias son minúsculas, simples flecos que a menudo se dejarían resolver con una humilde orden ministerial. Pero ensimismados en su particular universo, cociéndose en la salsa de su propio discurso, los secesionistas olvidaron que existía un poderoso “Estado español” y dieron en la ceguera de hacer las cuentas sin la huéspeda.

Ahora bien: al primer topetazo con la realidad, con una justicia inevitable, los más de ellos se han apresurado a renunciar al independentismo, a sus pompas y a sus obras unilaterales. No por cobardía, pienso, sino porque han comprobado qué es lo que hay y cómo es. ¿Vale la pena engañar y poner en pie de guerra a una legión de ilusos y sacrificar la propia vida por el capricho de una soberanía formal, casi indistinguible de la que ya se detenta?

Recapacítelo, Marta. Declara usted la “profunda tristeza” que siente al alejarse de tanta gente a la que quiere y dejar de ver “los paisajes que la rodean desde la infancia”. Yo, Marta, le deseo de todo corazón que no tarde en volver a “pasear por las ciudades donde ha vivido”, con Agnès, en una Cataluña real y en paz consigo misma.

Francisco Rico es filólogo e historiador de la literatura.

Lidia Falcón

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