“Hay párrocos que nos han excomulgado por abrir fosas de represaliados”


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 “Hay párrocos que nos han excomulgado por abrir fosas de represaliados”

Escrito por: Javier Coria. Fotos: Francesc Sans

Publicado el 16 diciembre, 2016

Hablamos con Ermengol Gassiot, arqueólogo forense que participa en las exhumaciones de las fosas comunes de los represaliados en el franquismo. Y con Felipe Moreno, coordinador de los denunciantes catalanes en la Querella Argentina. 

Felipe Moreno y Ermengol Gassiot

Según algunas estimaciones son 114.000 las víctimas de la represión que se encuentran sin identificar en fosas comunes y en las cunetas de las carreteras de España. Esto sitúa al Estado español en el segundo lugar de las desapariciones forzosas después de Camboya, según apuntan varias instancias internacionales. Todo lo que está ocurriendo en España con las víctimas del franquismo es una anomalía democrática, por ser benévolo. Jueces para la Democracia acaba de denunciar la falta de auxilio judicial a dichas víctimas. Por su parte, el gobierno del PP mira para otro lado y moviliza a los servicios jurídicos del Estado para poner todas las trabas posibles, no en vano, su formación es la heredera de Alianza Popular, fundada por un destacado franquista, Manuel Fraga. El diario Público pidió a varios partidos unas líneas durante el 41 aniversario de la muerte del dictador, el pasado 20 N, escuetamente la respuesta del PP fue: “Nosotros no queremos escribir de franquismo y esas cosas”. Hablamos con el profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, el arqueólogo forense Ermengol Gassiot, que ha participado en exhumaciones en Olesa de Montserrat, el Bruc, Gurb, Osona, Villanueva del Rosario, Santaella y la Guijarrosa. Y con Felipe Moreno, luchador antifranquista que hoy pertenece a la “Xarxa Catalana i Balear de suport a la Querella Argentina”.

¿Quién le reclama como técnico para ir a una exhumación? ¿Quién paga los gastos?

Ermengol Gassiot (E. G.): La inmensa mayoría de exhumaciones en las que he participado, quien nos reclama son las organizaciones que promueven la actuación, que normalmente son organizaciones de familiares de las víctimas o de vecinos del lugar, y que hacen esta acción desde un punto de vista político. Cualquier acto de exhumación de una fosa común, más allá de recuperar unos cuerpos, pretende dos cosas: Una es poner sobre la mesa crímenes contra la humanidad, y segundo hacer una crítica política a la Transición y al régimen actual de impunidad. ¿Los gastos?, en muchas ocasiones, sobre todo antes de la aprobación de la ley de la Memoria Histórica y de que el expresidente Rodríguez Zapatero abriera unas pequeñas líneas de subvención al respecto, esto se sufragaba con las aportaciones de los propios militantes de estos movimientos sociales y, muy a menudo, los arqueólogos forenses ponemos dinero de nuestro bolsillo. A veces, es cierto, que un determinado ayuntamiento puede colaborar con algo, por ejemplo, en Olesa de Montserrat nos pagaron la comida. Aquellas pequeñas partidas de subvención del gobierno de Zapatero se eliminaron por el gobierno de Mariano Rajoy, y ahora están volviendo un poco a la situación previa. Desde mi punto de vista, y ya sé que no queda muy bien decirlo, creo que no debería hacer así, cuando veamos que se hace con los restos y en el sentido forense de las actuaciones, no debería hacerse así. Desde un punto de vista de un acto militante y de lucha, son las organizaciones populares y sociales las que hacen un acto que el Estado no quiere hacer, y lo hacemos con los recursos propios.

¿Cree que es mejor que no estén subvencionadas las exhumaciones?

  1. G.: Dudo mucho de que el Estado haya querido abrir la caja de Pandora del memorialismo. El ejemplo es la normativa que se ha hecho en Catalunya sobre fosas comunes, que lo considera prácticamente un patrimonio histórico-arqueológico, no como un tema judicial.

¿Qué hacen los jueces cuando se certifica una muerte violenta en estas exhumaciones?

  1. G.: Las experiencia que yo tengo es que el juez archiva el caso. La manera de hacerlo puede ser diferente. Por ejemplo en Andalucía, teníamos sospechas por diversos testimonios que en un lugar determinado había una fosa común. Comunicamos al juez el inicio de una actuación allí. Aparecieron los cuerpos, no identificados, pero sabíamos que había razonables sospechas de que fueran víctimas de desapariciones forzadas y de la represión durante el franquismo o la guerra civil. Lo comunicamos al juzgado mediante una denuncia. Los jueces, unos lo archivan en el mismo momento, y en algunas ocasiones mandan a policías de la científica para hacer fotografías, y acto seguido lo archivan. Nada más con la sospecha de que sean cuerpos del periodo de la guerra civil, se archivan.

¿Tiene conocimiento de cómo se actúa en otros países en estos casos?

  1. G.: Sí, por ejemplo hablando con un miembro del equipo argentino de antropología forense nos decía hace varios años: “En España las fosas comunes es un tema de memoria histórica, en Argentina las fosas es un asunto judicial”, esta es la diferencia. Según la legislación internacional, las desapariciones forzosas son crímenes de lesa humanidad, que además no prescriben. Por ejemplo, en Timor Oriental, Afganistán, Etiopía, Colombia, Guatemala, El Salvador, etc., las actuaciones de exhumación de restos vinculados a las desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, siempre se hacen con un equipo jurídico, por lo que son actuaciones forenses. ¿Qué quiere decir esto? Yo como arqueólogo y mi equipo, podemos escavar una fosa común. Podemos individualizar los cuerpos, podemos establecer las circunstancias de la muerte, impactos de bala, calibre, dirección, distancia, etc. Podemos, incluso, hacer estudios biométricos e inferir quién pueden ser esas personas y confirmarlo con pruebas de ADN. Todas estas pruebas, seguramente, cualquier otro científico les daría validez y aprobaría la actuación, pero en sede judicial, ningún juez le dará validez a esta información.

¿Por qué?

Porque no está al amparo de un proceso judicial. Aunque nosotros sigamos el protocolo y manual de nuestros colegas con los que nos hemos formado para estas actuaciones, de Argentina y EE. UU.; protocolo que hacen servir en la ONU, como la cadena de custodia, etc., aquí no tiene validez, porque no hay una causa abierta.

La Fiscalía General del Estado se negó a extraditar a los investigados por crímenes durante el franquismo para que declarasen en Argentina. Pero ahora también niega que lo puedan hacer ante jueces españoles. ¿Qué piensan?

Felipe Moreno (F. M.): Yo he declarado en Argentina como denunciante, junto a otras víctimas. Los exhortos de la jueza argentina María Servini enviados para que los investigados declararan ante juzgados españoles, están siendo torpedeados desde la Fiscalía General del Estado. No quieren que haya el precedente de que la Justicia Universal se pueda aplicar en España. Dicen que en estos casos no hace falta aplicar la Justicia Universal porque la Ley de Amnistía ya cerró los procesos, y no hay carácter retroactivo. Desde el golpe de estado de 1936, hasta la muerte del dictador en 1975, hubo un plan sistemático de persecución, ejecución y de hacer desaparecer a los opositores políticos. Es esto lo que no quieren que salga a la palestra. La Transición es una mentira sobre otra mentira. Las fuerzas que se llamaban de izquierda aceptaron ocultar que la España democrática estaba fundamentada en la impunidad y olvido de la represión franquista. Todo ello por la legalización de esas fuerzas y por su entrada en parcelas de poder.

Aunque ya lo hablamos ampliamente en otra entrevista. Felipe… ¿nos podría resumir su paso por las manos del comisario Roberto Conesa y González Pacheco, alias “Billy el niño”?

  1. M.: A mí de detuvieron el 13 octubre de 1975 y estuve detenido en la Dirección General de Seguridad (DGS).

¿Cuál era la acusación?

Pertenencia a banda armada, por ser del FRAP y del PCE (m-l). No me detienen con ningún arma, sólo una pequeña navaja. Me dijeron que tenían documentación donde se señalaba que había venido a Madrid a reorganizar los grupos del Partido que había desarticulado la policía. Recordar que unos días antes, el 27 de septiembre, habían fusilado a cinco compañeros. Yo no reconocí esta acusación, lo único que reconocí, y mi historial laboral así lo demostraba, era mi trabajo como sindicalista. Yo había llegado desde Francia, desde Toulouse, pero les dije que había estado en París, en una comuna que sabía que ya no existía.(….)

 

 

 

 

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